Caso Argoz a juicio: Instalan audiencia contra red acusada de estafa masiva con lotificaciones

San Salvador, 13 de mayo de 2026 - El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador instaló este lunes la audiencia única abierta contra siete implicados en la primera fase del denominado "Caso Argoz". Los procesados son señalados por orquestar una red de venta irregular de terrenos que, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ha dejado hasta la fecha un saldo de 122 víctimas y una afectación económica superior a los $429,000.

Entre los imputados que enfrentan el proceso se encuentran Leticia Farfán de Gómez, Rodrigo Javier Gómez Farfán, Natalia Gómez Farfán, Edwin Omar Rivera López y Mónica Ivette Sanabria de Uriarte, todos acusados de estafa agravada. Además de este delito, la Fiscalía atribuye cargos de agrupaciones ilícitas a Javier Orlando Martínez Henríquez y Teodoro Portillo Pineda. Particularmente, Leticia Farfán enfrenta cargos adicionales por lavado de dinero y activos, tras el hallazgo de más de $297,000 vinculados presuntamente a las operaciones ilícitas.

El "modus operandi" de la estafa

De acuerdo con la representación fiscal, la estructura operaba a través de diversas denominaciones comerciales vinculadas a la Corporación Argoz. Su estrategia consistía en comercializar lotificaciones en zonas rurales de Sonsonate y Santa Ana sin poseer los permisos legales ni la regulación de las entidades competentes.

La estafa se concretaba mediante una promesa falsa: los vendedores aseguraban a los compradores que, una vez cancelado el valor total de los terrenos, recibirían las escrituras de propiedad. Sin embargo, las víctimas nunca obtenían la documentación legal, descubriendo que los proyectos no contaban con el respaldo jurídico necesario para ser habitados o registrados legalmente.

Víctimas rompen el silencio

En esta etapa inicial del juicio, se han judicializado 10 proyectos de lotificación que representan a las primeras 23 víctimas, quienes comparecerán ante el tribunal para relatar los perjuicios sufridos. No obstante, el alcance del caso ha crecido exponencialmente desde que iniciaron las investigaciones en 2023, acumulando decenas de denuncias que exponen el impacto social de estas irregularidades.

La Fiscalía sostiene que los exdirectivos de Argoz aprovecharon el deseo de las familias de poseer una vivienda propia para impulsar proyectos al margen de la ley. Con la instalación de esta audiencia, las autoridades buscan no solo deducir responsabilidades penales para los siete procesados, sino también establecer un mecanismo que permita la reparación económica para los afectados por este millonario fraude inmobiliario.