254 condenas en Cabañas

Por Redacción Judicial

San Salvador

Un macrojuicio de un mes y medio en El Salvador concluyó con la condena de 254 integrantes de la clica 'Park View Locos Salvatruchos', una célula de la Mara Salvatrucha (MS13) que mantuvo bajo asedio a más de la mitad del departamento de Cabañas entre los años 2013 y 2022. Según informó la Fiscalía General de la República (FGR), el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso penas que alcanzan hasta los 85 años de cárcel.

La sentencia más severa recayó sobre Eugenio Morales, alias ‘Little Pesadilla’, identificado como el cabecilla de la estructura. Morales fue condenado a 85 años de prisión tras ser hallado culpable de agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de arma de fuego y posesión de droga con fines de tráfico. Las investigaciones fiscales determinaron que los ahora condenados operaban bajo roles específicos y jerarquizados para asegurar el control territorial y facilitar sus actividades delictivas en la zona central del país.

Este desenlace judicial se logró mediante el modelo de audiencia única abierta, una modalidad implementada a partir de las reformas de diciembre de 2023 a la Ley Contra el Crimen Organizado. Este mecanismo faculta a la Fiscalía a procesar a estructuras criminales completas bajo un solo expediente, agilizando las condenas por el solo hecho de pertenecer a la organización y dejando el proceso abierto para incorporar futuras imputaciones contra la misma célula. Bajo esta normativa, los imputados comparecen de forma progresiva según su rango, por lo que el tribunal evalúa su participación de manera diferenciada dentro de una misma causa.

Estas reformas e innovaciones procesales se inscriben en el contexto del régimen de excepción, la estrategia bandera del Gobierno contra las pandillas en El Salvador. Si bien esta política le ha valido al presidente Nayib Bukele altos índices de aprobación interna y facilitó su reelección inmediata, continúa bajo la lupa de organizaciones humanitarias. Hasta la fecha, la medida acumula más de 92,000 detenciones y 51 prórrogas, en medio de denuncias que reportan más de 6,400 violaciones a los derechos humanos y alrededor de 530 decesos de personas bajo custodia del Estado.