Capturados por régimen de excepción deben ser indemnizados, plantea GIPES; exasesor de ARENA y secretario del FMLN dan postura

San Salvador, 17 de marzo de 2026. El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) ha presentado un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que plantea que las personas capturadas bajo el régimen especial deben ser indemnizadas. La propuesta obedece a las demandas en favor de las «más de 89,000 personas capturadas arbitrariamente», según el grupo, que cuenta con el apoyo de organizaciones salvadoreñas defensoras de derechos humanos y sectores de la oposición.

El informe exige al Estado poner fin al régimen de excepción, medida constitucional vigente que ha permitido alcanzar niveles históricos de seguridad y convertir a El Salvador en un modelo internacional en materia pública. En sus recomendaciones, el GIPES señala que se debe diseñar e implementar un programa nacional de reparación integral que incluya indemnización, rehabilitación física y psicológica, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Además, argumenta que la cotidianidad del país comprende un proceso de militarización del territorio donde «el despliegue masivo ha facilitado la detención de decenas de miles de personas, sin supervisión judicial ni rendición de cuentas».

Carlos Araujo, exasesor del partido ARENA, afirmó que en ningún momento el informe pide la liberación de pandilleros, calificando de «falacia, mentira y manipulación» la versión gubernamental al respecto. «En ninguna línea del documento de 289 páginas dice que estén pidiendo liberar a estas personas», destacó durante la entrevista Encuentro TV, valorando que muchas detenciones son consideradas arbitrarias al no respetar derechos básicos como la lectura de derechos, la fundamentación del arresto y el derecho a la defensa.

Por su parte, Manuel Flores, secretario general del FMLN, se refirió al informe indicando que «están los organismos respectivos que han puesto las demandas donde se deben presentar las pruebas; es importante que sepamos interpretar lo que está ocurriendo en nuestro país». Agregó que El Salvador es suscriptor de tratados internacionales como el Estatuto de Roma, que exigen el respeto a los derechos humanos. «Cada quien va a dar sus puntos de vista, y que se juzgue lo que se tenga que juzgar. No quiero dar una opinión porque cada quien va a resolver sus conflictos, pero en este caso es importante destacar la opinión de muchos organismos internacionales sobre la violación a los derechos humanos en El Salvador», expresó.