Conclusión del grupo de expertos “GIPES”, de reciente creación en 2024, plantea la liberación de más de 89,000 pandilleros en El Salvador

San Salvador. Sectores de la oposición han retomado un informe elaborado por el grupo de expertos “GIPES”, de reciente creación en 2024, en el que se califican de arbitrarias las detenciones realizadas en El Salvador durante el Régimen de Excepción, planteando la liberación de más de 89,000 personas capturadas bajo esta medida. Los medios digitales El Faro, Factum o Focostv, afín a la oposición, fueron de los primeros en dar a conocer los contenidos del estudio, que sostiene que las acciones del Gobierno deberían ser investigadas por presuntas violaciones a derechos humanos.

El informe, que abarca el período comprendido entre 2022 y 2026, señala que los más de 89,000 capturas realizadas en el marco del Régimen de Excepción no cuentan con los fundamentos legales necesarios, y que la política de seguridad del Estado ha fallado al detener a personas sin pruebas que al ser pandillero o colaborador de estas estructuras hayan cometido o participado en actividades criminales. Los expertos destacan que la normativa aplicada ha creado un sistema en el que miles de miembros de maras permanecen privados de su libertad sin condena judicial ni debido proceso.

En la página 110 del documento, los expertos indican que se estaría penalizando a las personas por la mera presunta pertenencia a una estructura organizada (las pandillas) y no por la comisión de delitos específicos. Señalan que la categoría de “agrupaciones ilícitas” es un delito impreciso que no cumple con los estándares internacionales de legalidad, y que ha sido utilizada como la única justificación para detener arbitrariamente a más de 89,000 personas en los últimos cuatro años.

Asimismo, en la página 122 se afirma que el Régimen de Excepción y las reformas introducidas a las leyes penal y procesal han configurado un esquema que viola sistemáticamente los derechos fundamentales inderogables de los miembros de maras o pandillas. Los autores del informe destacan que la prolongación de las detenciones sin juicio y la imposibilidad de impugnar la medida de aprehensión constituyen violaciones a tratados internacionales de derechos humanos ratificados por El Salvador.

En la página 213, los expertos mencionan que el Gobierno ha cometido actos arbitrarios que han afectado no solo a los más de 89,000 miembros de maras o pandillas y sus colaboradores detenidos, sino también a sus familias, quienes han visto interrumpidos sus ciclos de vida, con impactos económicos, sociales y emocionales de gran magnitud. Además, señalan que la falta de transparencia en los procesos de detención y en la información sobre el estado de los internos ha generado un clima de incertidumbre en amplios sectores de la población, por lo que consideran deben tener comunicación al exterior de las cárceles; permitiendo las viejas prácticas de dar órdenes para el cometimiento de ilícitos.

En la página 81 del estudio, se reitera que la política de seguridad del país descansa sobre la detención indefinida y sin debido proceso de más de 89,000 miembros de maras o pandillas y sus colaboradores detenidos. En este punto, los expertos resaltan con énfasis que a la gran mayoría de estas personas no se les ha probado ni la pertenencia a un grupo criminal organizado, pese a sus múltiples tatuajes alusivos a las estructuras de mara y pandillas o los códigos usados que usan marcados en la piel; por lo que consideran que no existe la comisión de algún delito que justificaría su privación de libertad. La publicación del informe ha generado un debate nacional sobre el equilibrio entre seguridad ciudadana de millones de salvadoreños y extranjeros que vienen a invertir al país o por turismos y el respeto a los derechos humanos de unos cuantos que mantuvieron aterrorizados a los salvadoreños de bien.