Condenan a 10 años de cárcel a hombre que portaba revólver bajo efectos del alcohol en San Miguel

San Miguel, 8 de mayo de 2026 – En una resolución que revierte un fallo inicial, el Juzgado de Paz de El Tránsito condenó este jueves a José Héctor Larín Díaz a una pena de 10 años de prisión. La sentencia fue dictada en calidad de rebeldía, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lograra demostrar su responsabilidad en el delito de tenencia y portación ilegal de arma de fuego.

El caso dio un giro tras la intervención de la representación fiscal, que interpuso un recurso de apelación luego de una absolución previa. Un nuevo juez analizó las pruebas y determinó la culpabilidad de Larín Díaz, ordenando su inmediata captura para el cumplimiento de la pena.

Los hechos: Armado y bajo efectos del alcohol

La detención de Larín Díaz se produjo el 11 de febrero de 2025 durante un operativo policial en el barrio Concepción, en el distrito de El Tránsito. Al ser interceptado, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) descubrieron que el sujeto portaba un arma de fuego tipo revólver sin la documentación legal correspondiente.

Además de la portación ilegal, los protocolos de detención revelaron la irresponsabilidad del individuo. Al realizarle una prueba toxicológica, se determinó que Larín Díaz presentaba 66 grados de alcohol en sangre, lo que agravó la peligrosidad de su conducta al manipular armamento en estado de ebriedad.

Internamiento psiquiátrico por portación de arma en Morazán

En un proceso paralelo resuelto el pasado miércoles, el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera emitió una resolución distinta para un caso de naturaleza similar. José Ferdinando Berríos Umaña fue procesado por tenencia y portación ilegal de arma de fuego, pero debido a su condición de salud, recibió una medida de 10 años de internamiento psiquiátrico.

Los hechos vinculados a Berríos ocurrieron el 20 de julio de 2025 en el caserío Las Flores, distrito de Sociedad, Morazán. Según el informe oficial:

• La PNC acudió al lugar tras una denuncia al sistema de emergencias 911.

• Al recibir indicaciones de retirarse, el sujeto ingresó a su vivienda y regresó empuñando una pistola calibre 22.

• Las autoridades verificaron que el procesado no contaba con matrícula del arma ni licencia de portación.

Con estas sentencias, las autoridades judiciales de San Miguel y Morazán refuerzan el control sobre la proliferación de armas ilegales, aplicando tanto el rigor carcelario como las medidas de seguridad especiales según el perfil de cada procesado.