Condenan a 60 años de cárcel a cabecillas de la pandilla 18 en Zacatecoluca

San Salvador, 6 de mayo de 2026 – El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó este miércoles sentencias ejemplares contra una estructura del Barrio 18, facción Revolucionarios, que operaba en la zona de Zacatecoluca. Las penas más severas alcanzaron los 60 años de prisión, aplicadas bajo el marco de las recientes reformas al Código Penal y la Ley Especial Contra el Crimen Organizado.

De acuerdo con el reporte oficial de Centros Judiciales, los procesados formaban parte de la clica San Marcelino Locos Revolucionarios, una agrupación que mantenía en zozobra a los habitantes del distrito mencionado.

Penas máximas para los "palabreros"

La jueza cuarta del tribunal basó las condenas en el rango jerárquico que los imputados ostentaban dentro de la pandilla. Los cabecillas, conocidos como "palabreros", recibieron las sanciones más altas:

• José Alejandro Cortez Pérez (alias "El Flaco"): Condenado a 60 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.

• Jorge Alfonso Ramírez Laínez (alias "El Lora"): Recibió una pena de 45 años de cárcel. En este caso, la condena fue menor debido a que su captura ocurrió previo a la reforma del artículo 2-A de la Ley Especial Contra el Crimen Organizado.

  
  

Golpe a la estructura operativa

Además de los cabecillas, el tribunal envió a prisión a una treintena de miembros que cumplían diversas funciones dentro de la organización criminal:

Homeboys y civiles activos: 28 pandilleros fueron sentenciados a 30 años de cárcel cada uno.

Colaboradores: 8 sujetos que brindaban apoyo logístico a la estructura recibieron penas de 25 años de prisión.

"Las capturas se realizaron mediante el Régimen de Excepción y los miembros de esta estructura atentaban contra la paz pública de los habitantes de Zacatecoluca", confirmó la juzgadora durante la resolución.

Justicia bajo el Régimen de Excepción

Este fallo judicial refuerza la aplicación de las nuevas herramientas legales que permiten sancionar con mayor severidad la pertenencia a grupos terroristas. Según la información difundida por la cuenta oficial de Juzgados, la paz pública fue el bien jurídico tutelado en este proceso, logrando desarticular una de las "canchas" más activas de la facción Revolucionarios en el departamento de La Paz.