Condenan a empresario a seis años de prisión por evadir más de $147,000 en impuestos

San Salvador, 14 de mayo de 2026 - El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador dictó una sentencia condenatoria de seis años de cárcel contra el empresario Fernando José Recinos Casanovas, tras hallarlo culpable del delito de evasión de impuestos. La resolución, comunicada este miércoles por la Fiscalía General de la República (FGR), pone fin a un proceso judicial que reveló el impago sistemático de obligaciones tributarias durante el ejercicio fiscal de 2016.

Recinos Casanovas actuaba como representante legal de una sociedad comercial ubicada en San Salvador Centro, cargo que lo obligaba a ser el responsable directo del cumplimiento de las normativas fiscales ante el Estado. No obstante, las investigaciones confirmaron que el ahora condenado utilizó su posición para omitir la transferencia de fondos correspondientes al erario público.

Omisiones deliberadas en el pago del IVA

La acusación fiscal detalló que el empresario ordenó deliberadamente la no presentación de las declaraciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes y a la Prestación de Servicios (IVA). Estas irregularidades se concentraron específicamente en los meses de: Marzo, mayo, junio y diciembre de 2016

Para sustentar el caso, la Fiscalía presentó una robusta carga de pruebas documentales y periciales que acreditaron el perjuicio económico causado a las arcas del Estado salvadoreño.

Responsabilidad civil y órdenes de captura

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que Recinos Casanovas cumpla con la responsabilidad civil. El monto total a reintegrar asciende a $147,544.23, cifra que contempla el impuesto evadido más los recargos, multas e intereses acumulados por el impago.

Debido a la naturaleza del fallo, el tribunal emitió de inmediato las órdenes de captura contra el empresario para asegurar el cumplimiento de la condena de seis años en un centro penitenciario. Con este fallo, las autoridades reiteran el endurecimiento de las medidas contra delitos que afectan la estabilidad financiera y los recursos destinados a la inversión pública.