Cuestionan informe del GIPES: "Buscan validar narrativa y velan por bienestar de delincuentes"

Los integrantes del Grupo Independiente de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en El Salvador (GIPES) que planteando la liberación de los miembros de maras y pandillas detenidos bajo el Regimen de Excecpción.

San Salvador, 17 de marzo de 2026. Rafael Francisco Góchez, docente y escritor, y Arturo Grandon, analista en Inteligencia, Seguridad y Antiterrorismo, han expresado su crítica al informe presentado por el Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de los Derechos Humanos (GIPES), creado en 2024, durante entrevistas en Noticiero El Salvador y el espacio "am" de Canal 10, respectivamente.

En su participación, Góchez señaló que ciertas organizaciones suelen ver al delincuente «no como victimario, sino como una víctima de la sociedad, y por eso tienden a defenderlo». Sobre el GIPES, el docente aseguró que «este no es un grupo independiente», ya que está compuesto por cinco personas contratadas que «intentan validar la narrativa que manejan». «Terminan utilizando su prestigio para validar información que ya les fue presentada por ese mismo ecosistema. Recogen versiones de abogados defensores, familiares de capturados y organizaciones que ya tenían una posición previa», explicó.

Góchez destacó que la petición principal del grupo es la liberación de unos 90,000 pandilleros bajo el argumento de capturas arbitrarias, aunque precisó que «muchos de ellos ya tienen condena, muchos tenían orden de captura y estaban prófugos». «Si una captura realmente fuera arbitraria, significa que no tiene fundamento legal y, por lo tanto, la consecuencia lógica sería la liberación inmediata de esa persona. Por eso es importante analizar con cuidado cómo se utilizan y se interpretan esas cifras dentro del informe», añadió.

El escritor alertó sobre las consecuencias de aplicar las recomendaciones del documento: «Quitar el Régimen de Excepción, derogar las leyes antipandillas, retirar a la Fuerza Armada de las calles y restituir a jueces y magistrados que liberaban a los capturados, el resultado sería claro: las pandillas volverían a fortalecerse». Recordó que en 2016 «existía un Estado que, con tolerancia y complicidad hacia las pandillas, terminó violando los derechos humanos de la población por omisión. Como ciudadano, no quiero que mi país regrese a esa época de terror y violencia».

Respecto a la propuesta de indemnizaciones, Góchez manifestó que «si se demuestra que una persona fue víctima de un procedimiento indebido, se puede discutir una indemnización, pero lo que plantea el informe es compensar a miles de capturados que consideran detenidos arbitrariamente». «No sé cómo creen que recibirán estas propuestas los cientos de miles de salvadoreños que fueron víctimas de las pandillas y que vivieron años de terror», cuestionó. Además, enfatizó que «por muy expertos que sean, cuando no se conoce el contexto del país, se corre el riesgo de elaborar análisis completamente desubicados de la realidad» y sugirió que «es posible que el informe busque posicionarse en escenarios internacionales donde la gente no conoce el contexto salvadoreño y puede aceptar ese relato con mayor facilidad». «Incluso dándoles el beneficio de la duda, lo razonable habría sido proponer una investigación independiente, pero no plantear medidas que podrían permitir el regreso de las pandillas», concluyó.

Por su parte, en la entrevista «am», el analista Arturo Grandon indicó que el GIPES vela por el bienestar de los delincuentes. «Siempre están tratando de ir detrás de los llamados Derechos Humanos de los delincuentes», afirmó, añadiendo que «el Grupo Internacional de Expertos ha estado en diferentes países y en ninguno se han obtenido resultados positivos». Grandon destacó que «el Gobierno de El Salvador ha actuado de manera correcta con las acciones implementadas en el combate a la delincuencia» y acusó al grupo de buscar únicamente su propio beneficio: «Ellos solamente están por el interés económico de toda la situación. En vez de proteger a las víctimas, terminan respaldando a los delincuentes».

El especialista en seguridad alertó que «dejar en libertad a los pandilleros, criminales y terroristas que están en prisión significaría volver al pasado, a un clima de violencia» y enfatizó que «el Gobierno de El Salvador debe mantener firme su compromiso y acciones para garantizar la seguridad de la ciudadanía». Respecto al Régimen de Excepción, señaló que «es lo que permitió alcanzar un clima de seguridad y brindar tranquilidad a la población». «La población salvadoreña quiere mantener el clima de seguridad; eso debería escucharse y atenderse, en lugar de defender a los delincuentes», manifestó. «Antes se mantenía un clima de asesinatos; hoy en día, con el Régimen de Excepción, se mantiene el clima de seguridad que permite a muchos salvadoreños salir sin miedo a las calles», concluyó Grandon.