Decretan detención provisional para acusados de traficar droga en bares de San Salvador

San Salvador, 6 de mayo de 2026 – El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó la instrucción formal con detención provisional para Jennifer Stephany Portillo Fogoaga y Alirio Antonio Renderos Torres, señalados como los presuntos responsables de comercializar estupefacientes en establecimientos nocturnos de la capital.

Ambos procesados enfrentan cargos por el delito de tráfico ilícito, luego de que investigaciones fiscales los vincularan con la operatividad de un bar en la colonia Miramonte donde, presuntamente, se distribuía droga.

El operativo y los hallazgos

La intervención de las autoridades se originó a partir de una denuncia anónima que alertó sobre actividades ilícitas en el referido local. El pasado 18 de abril, agentes de seguridad realizaron un allanamiento en el que se incautaron 113 porciones de polvo blanco, debidamente preparadas para su venta en recortes de bolsas plásticas.

Las pruebas técnicas de campo confirmaron que la sustancia era cocaína, con un peso total de 200.7 gramos. Según el reporte de la Fiscalía General de la República (FGR), el valor de la droga en el mercado ilícito asciende a $5,045.80.

Otros implicados y medidas judiciales

En el marco de estos procedimientos, también fueron procesados Diego Alejandro Ramírez Anaya y Jairo Antonio Beltrán Hernández. En el caso de Beltrán, fue detenido tras adquirir una porción de droga en el mismo bar de la colonia Miramonte. Por su parte, Ramírez Anaya, empleado de un establecimiento ubicado en la Zona Rosa (Bulevar del Hipódromo), fue interceptado con una cantidad similar del narcótico.

A diferencia de los principales sospechosos, el juzgado determinó para Ramírez y Beltrán medidas sustitutivas a la detención, aunque continuarán ligados al proceso bajo el cargo de posesión y tenencia.

Fase de instrucción

La juzgadora basó su resolución en los indicios presentados por el Ministerio Público, los cuales permiten establecer la existencia del delito y la probable participación de los imputados en perjuicio de la salud pública.

El caso pasará ahora a la etapa de instrucción, un período donde la FGR profundizará en las investigaciones y recabará mayores elementos de prueba antes de la audiencia preliminar.