EE.UU. imputa formalmente a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

Miami — En un movimiento judicial e histórico de alto impacto político, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó cargos penales este miércoles contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años. Se le acusa formalmente de ordenar el derribo de dos avionetas civiles de la organización del exilio Hermanos al Rescate en 1996, un ataque que cobró la vida de cuatro personas.

La acusación fue radicada ante la corte federal del Distrito Sur de Florida e imputa al hermano menor de Fidel Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.

La cadena de mando bajo la lupa judicial

Los hechos que originan la demanda penal ocurrieron hace exactamente tres décadas. En febrero de 1996, Raúl Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cargo que, según los fiscales estadounidenses, lo situaba en la cúspide de la cadena de mando militar para autorizar el letal ataque con cazas MiG cubanos.

Las víctimas del incidente fueron tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un cubano residente legal en EE.UU. La acusación formal no se limita al exmandatario, sino que extiende la responsabilidad penal e incluye a otros cinco militares cubanos presuntamente involucrados en la operación aérea:

• Emilio José Palacio Blanco

• José Fidel Gual Barzaga

• Raúl Simanca Cárdenas

• Luis Raúl González-Pardo Rodríguez

• Lorenzo Alberto Pérez-Pérez

A lo largo de los años, el Gobierno de La Habana ha defendido el ataque alegando que las aeronaves violaron su espacio aéreo y que los pilotos eran «terroristas». No obstante, una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) desmintió la versión oficial de la isla al dictaminar que el derribo civil ocurrió en aguas internacionales.

Un anuncio simbólico en el corazón del exilio

La difusión de los documentos judiciales se produjo momentos antes de un acto encabezado por el fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, en la emblemática Torre de la Libertad de Miami. El edificio, considerado el símbolo histórico del exilio cubano, ha sido por años el epicentro de los reclamos hacia la administración de Donald Trump para que se procesara penalmente al liderazgo de la isla.

Por el momento, las autoridades federales de Estados Unidos no han detallado cuál sería el mecanismo para ejecutar una orden de captura internacional contra Castro ni la cantidad de años de prisión que implicaría una eventual condena de culpabilidad.

Contexto de asfixia: La estrategia de Trump hacia La Habana

Este golpe legal se enmarca en la campaña de "máxima presión" ejercida por la Casa Blanca contra el gobierno castrista. Las hostilidades diplomáticas y económicas han escalado en los últimos meses mediante diversas vías:

Bloqueo energético: Trump mantiene un estricto embargo al suministro de crudo hacia Cuba desde hace cinco meses, lo que mantiene a la isla sumida en una crisis de apagones masivos.

Sanciones financieras: Se han ampliado los castigos económicos contra los líderes del gobierno y las empresas pertenecientes a GAESA, el conglomerado comercial bajo control de las fuerzas militares.

El factor regional: El desabastecimiento humanitario en Cuba se agravó drásticamente tras la captura en Caracas del presidente venezolano Nicolás Maduro a manos de fuerzas estadounidenses el pasado mes de enero, lo que cortó el principal subsidio petrolero de la isla.