Ejecutivo propone cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas
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San Salvador, 17 de marzo de 2026.- El presidente Nayib Bukele confirmó este martes que el Gabinete de Seguridad presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma constitucional para habilitar la aplicación de la cadena perpetua en El Salvador, medida actualmente prohibida por el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República. Según el mandatario, la iniciativa tiene como objetivo fundamental que esta sanción sea impuesta a personas responsables de delitos graves como homicidios, violaciones y terrorismo, en el marco de las políticas de seguridad impulsadas por su administración desde 2019.
“La Constitución salvadoreña prohíbe desde hace décadas las penas perpetuas, pero hoy en día enfrentamos realidades que exigen fortalecer nuestras herramientas legales para garantizar la paz y la justicia a la población”, afirmó Bukele en un comunicado oficial. El jefe de Estado hizo un llamado a los legisladores a definir su postura ante la propuesta, señalando que “este proceso evidenciará quiénes están del lado de los salvadoreños y quiénes prefieren mantener la prohibición que impide que estos delincuentes permanezcan en prisión de forma permanente”.
La propuesta fue presentada por el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, quien llegó personalmente a la sede de la Asamblea Legislativa para someter el proyecto al órgano legislativo. Durante la presentación, el funcionario detalló que el artículo 27 de la Constitución actualmente establece que “se prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento”. La reforma planteada busca eliminar la mención a las penas perpetuas de este inciso, manteniendo la prohibición de las demás sanciones consideradas crueles o degradantes, y añadir la cláusula: “La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, entre los que se incluyen a los integrantes de pandillas calificadas como organizaciones criminales.
El ministro Villatoro explicó que la iniciativa va acompañada de propuestas de modificación a diversas leyes secundarias, entre ellas el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, con el fin de homologar la normativa nacional con la reforma constitucional planteada. “No basta con cambiar la Carta Magna; debemos asegurar que todas las leyes que regulan la justicia penal se ajusten a este nuevo marco, para que la aplicación de la cadena perpetua sea clara, justa y efectiva”, manifestó el funcionario.
Además, Villatoro rechazó las críticas formuladas por algunos sectores internacionales, calificándolos de “organizaciones criminales que defienden a criminales” y aseguró que “estos ataques se deben a que el resultado de nuestras políticas de seguridad no les gusta”. “Váyanse al carajo”, expresó el ministro en referencia a informes que cuestionan la gestión del gobierno en materia de derechos humanos durante el estado de excepción vigente desde marzo de 2022.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que la iniciativa será conocida de manera inmediata por los diputados. “Si los 60 diputados así lo desean, va a ser aprobada este mismo día”, dijo Castro, quien agregó que la propuesta será estudiada posteriormente en la Comisión Política del órgano legislativo, donde se invitará al Gabinete de Seguridad para profundizar en los detalles del proyecto. “Tenemos un compromiso con la seguridad de la población; si es necesario, vamos a trabajar sin descanso para que esta reforma sea una realidad”, enfatizó el presidente legislativo.
Cabe recordar que en enero de 2025 la Asamblea Legislativa ratificó una reforma que permite acelerar modificaciones a la Constitución en una misma legislatura, con la aprobación de 45 de los 60 diputados, lo que facilita el trámite de iniciativas como la propuesta de cadena perpetua. Hasta la fecha, bajo el régimen de excepción implementado para combatir la violencia pandillera, se han registrado más de 91.300 detenciones de personas acusadas de vinculación con organizaciones criminales.
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