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Exalcaldesa de Soyapango es procesada por despilfarro y desobediencia

  • hace 15 horas
  • 2 min de lectura

Por Redacción

En mayo de 2022, un empleado de la Alcaldía de Soyapango recibió una noticia devastadora por parte del departamento de Recursos Humanos: estaba despedido porque, supuestamente, la municipalidad no tenía fondos para pagar su salario. Sin embargo, la realidad detrás de las finanzas municipales era muy distinta. Mientras los trabajadores se quedaban sin el sustento para sus familias, la entonces alcaldesa por el partido Nuevas Ideas, Nercy Patricia Montano, autorizaba un millonario gasto de $800,000 para las fiestas patronales de ese mismo año, destinando la escandalosa cifra de $150,000 únicamente para contratar a un artista internacional.


Esta alarmante contradicción volvió al ojo público este miércoles, cuando Montano enfrentó la audiencia preliminar por los delitos de actos arbitrarios y desobediencia. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron que la falta de liquidez que la alcaldía utilizó como excusa fue provocada deliberadamente por el mismo concejo municipal al priorizar las festividades sobre los derechos laborales. Mientras se orquestaban los despidos, entre septiembre y diciembre de 2022, la comuna dejó de pagar los salarios y retuvo ilegalmente las cuotas laborales de una planilla de más de 1,800 empleados, desatando una profunda crisis interna.


El proceso judicial actual, que recopila las denuncias de cuatro víctimas despedidas de forma verbal e injustificada, detalla la total arbitrariedad con la que se manejaba la institución. A algunos afectados se les despachó con frases tan tajantes como "ya no necesitan sus servicios, por lo que está despedido por órdenes de la alcaldesa" o "por orden de la alcaldesa y por acuerdo del concejo".


Ante estos atropellos, los trabajadores decidieron defenderse en los tribunales de lo laboral y ganaron las demandas de nulidad. Los jueces emitieron órdenes estrictas de reinstalo y condenas económicas directas contra los funcionarios que superan los $19,000 en salarios caídos. Entre los fallos se encuentra el del Juzgado Segundo de lo Laboral de San Salvador, que obligó a Montano y a 12 de sus regidores a pagar $10,440 a una de las víctimas, además de otras sentencias que suman montos de $8,266.02 y $1,005 para los demás afectados.


A pesar de las resoluciones judiciales que le ordenaban devolver el empleo y pagar las remuneraciones pendientes a los afectados, la exalcaldesa decidió ignorar por completo la ley. Debido a este desacato sistemático, el Ministerio Público la acusa ahora formalmente de desobediencia y ha solicitado formalmente al Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango que el caso avance a la etapa de juicio, un paso crucial para buscar justicia frente a una gestión marcada por el despilfarro y el abuso de poder.

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