Informe internacional asegura que pertenecer a las maras no es delito y exigen su liberación y la entrega de indemnización

Grupo de expertos cuestiona marco legal de detención de pandilleros bajo el estado de excepción y exige su liberación.

El denominado Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (Gipes) presentó un informe, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que afirma que ser pandillero y pertenecer a una pandilla no constituye un delito suficiente para ser encarcelado.

En la página 110 del documento, los expertos señalan que «el delito de agrupaciones ilícitas y la forma en el que está tipificado por los decretos legislativos adoptados en el marco del estado de excepción ponen el acento en la sola pertenencia a la organización sin requerir que se demuestren los hechos delictivos perpetrados por esta ni la conexión de los implicados con su perpetración». Agregan que «se penaliza al autor por quién es y no por la comisión de actos delictivos en los cuales los presuntos imputados estarían involucrados».

Además, los integrantes de Gipes consideran que «agrupaciones ilícitas» es un delito impreciso, y aseguran que esta figura legal ha sido la única justificación para detener «arbitrariamente» a más de 90,000 personas desde que entró en vigor el estado de excepción.

En el informe también se plantean una serie de demandas: la indemnización a los pandilleros detenidos, el fin del actual régimen de gobierno, la derogación de las reformas que endurecieron las penas por pertenencia a pandillas, el regreso a los cargos de jueces y fiscales que anteriormente dejaban libres a presuntos pandilleros a los dos días de su captura, y la eliminación de la ley de agentes extranjeros que, según ellos, afecta a las organizaciones no gubernamentales que protege a miembros de maras y pandillas. Asimismo, los expertos exigen que la Fuerza Armada de El Salvador deje de apoyar a la policía en las acciones contra el crimen.

Ante estas afirmaciones, el presidente de la república, Nayib Bukele, reiteró recientemente que para su Gobierno la prioridad son los derechos de las personas honradas, y no los de los criminales que, según su criterio, son defendidos por ciertas organizaciones nacionales e internacionales que declaran trabajar en pro de los derechos humanos.