Presidente Bukele señala que informe de derechos humanos exige liberación de pandilleros presos en cárceles de El Salvador

San Salvador, 15 de marzo de 2026. – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha enfatizado que periodistas, activistas y organizaciones no gubernamentales (ONG) financiadas por Open Society Foundations que difunden un informe de expertos en derechos humanos sobre el país buscan la liberación de pandilleros. Durante los últimos dos días, estos actores han afirmado que el documento no exige la libertad de todos los detenidos desde el inicio del Régimen de Excepción en 2022, pero el mandatario asegura que lo hace de forma explícita en múltiples ocasiones.

El presidente Bukele señala que el informe califica al 100% de las detenciones como arbitrarias. Desde el punto de vista legal, sostiene que cualquier Estado estaría obligado a liberar automáticamente a todas las personas detenidas bajo esta clasificación, ya que mantener en prisión a alguien sin fundamentos legales es contrario a los principios básicos de derechos humanos. "Calificar una detención como arbitraria es sinónimo de exigir su liberación inmediata", ha destacado el presidente, añadiendo que tanto los expertos como el propio texto del informe lo ratifican en varias oportunidades.

Además, el documento señala que las detenciones se han realizado "sin garantías mínimas y sin el debido proceso", lo que también implicaría la necesidad de poner fin a la situación de reclusión de quienes se encuentran bajo estas condiciones. Asimismo, el informe plantea que encarcelar a alguien por su condición de pandillero y no por delitos concretos cometidos constituye una violación a sus derechos humanos. En este sentido, se argumenta que no puede detenerse a una persona solo por tener tatuajes de pandillas como MS13, sino que deben probarse otros delitos, ya que "no se puede penalizar al autor por ser quién es", enunciado que el gobierno interpreta como si ser pandillero fuera considerado un derecho de identidad.

El informe incluye tres exigencias centrales al Estado salvadoreño: poner fin al Régimen de Excepción, derogar la legislación penal, procesal penal y procesal juvenil que lo acompaña, y retirar a la Fuerza Armada de las tareas de seguridad pública. Desde la perspectiva de la administración bukeleista, estas peticiones demuestran claramente los objetivos de las organizaciones involucradas, que califica de "bufetes legales internacionales del crimen". "Su objetivo es claro: quieren ver caos en nuestros países", ha afirmado el presidente.

Open Society Foundations ha financiado en el pasado medios de comunicación salvadoreños como El Faro y las revistas Factum y Gato Encerrqado, así también diversas ONG como Cristosal y Acción Ciudadana.

El Régimen de Excepción fue implementado en respuesta a una oleada de violencia que dejó 87 muertos en un solo fin de semana en marzo de 2022, y hasta principios de 2023 se habían detenido alrededor de 73.000 personas, la mayoría en prisión preventiva.