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Procesan a dueño de cohetería clandestina

  • 19 may
  • 2 min de lectura

Santa Ana.— El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó que Ronald Danilo R. M., de 34 años, continúe siendo procesado por el delito de infracción de las reglas de seguridad, luego de la explosión de una cohetería artesanal clandestina ocurrida el pasado 7 de mayo. El siniestro tuvo lugar en el interior de una vivienda que operaba ilegalmente como taller de productos pirotécnicos en la lotificación Jardines del Ranchador, en Santa Ana Centro.


A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el tribunal envió el caso a la fase de investigación sumaria por un plazo de 60 días hábiles, otorgando medidas alternas a la detención para el imputado. Ronald Danilo R. M. enfrentará el proceso en libertad bajo las condiciones de presentarse a firmar al juzgado cada diez días, la prohibición de salir del país y la obligación de no cambiar de domicilio mientras se dirimen las responsabilidades legales.


El acusado también enfrentaba cargos por el delito de lesiones culposas en perjuicio de un adolescente de 13 años, quien resultó gravemente afectado por la detonación. Sin embargo, durante la audiencia inicial, el procesado alcanzó un acuerdo conciliatorio con el representante legal del menor por un monto de $1,200. El tribunal avaló que el pago se efectúe mediante un desembolso inicial de $100 entregados en la sala, seguido de cuotas mensuales de $220 que deberán completarse en octubre de este año.


El Instituto de Medicina Legal confirmó que el menor sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro, afectaciones en el 35 % de su superficie corporal y una úlcera en el ojo izquierdo.


Las investigaciones vertidas en el proceso judicial detallan que el adolescente ingresó a la propiedad de manera fortuita con la intención de jugar en el patio, momento exacto en el que ocurrió el estallido. Debido a la gravedad de las quemaduras, la víctima fue ingresada de urgencia en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana y, posteriormente, trasladada hacia el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom en San Salvador para recibir atención especializada.


Inspecciones técnicas realizadas por las autoridades determinaron que el taller artesanal operaba al margen de la ley, ya que no contaba con las licencias emitidas por el Ministerio de la Defensa Nacional ni con la certificación de seguridad obligatoria del Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Los peritajes concluyeron que el estallido fue provocado por una violenta reacción química, desencadenada por la imprudencia y la mala manipulación de los materiales pirotécnicos en el lugar.

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