Zapatero, investigado por tráfico de influencias en el ‘Caso Plus Ultra’

Madrid. - El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado a declarar en calidad de investigado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para el próximo 2 de junio. El magistrado instructor le atribuye el liderazgo de una supuesta «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuyo propósito fundamental habría sido la obtención de beneficios económicos ilícitos a través de la mediación ante altas instancias de la Administración Pública.

Según consta en el auto judicial, las pesquisas preliminares apuntan a que el exjefe del Ejecutivo presuntamente puso su red de contactos personales y su capacidad de acceso a cargos gubernamentales al servicio de terceros. El principal beneficiario de este entramado habría sido la aerolínea Plus Ultra, compañía que recibió un polémico rescate financiero por parte del Gobierno de España en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas durante la crisis sanitaria de la pandemia.

El juez Calama detalla en su resolución que la organización presuntamente recurrió al uso de sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos. Estas herramientas habrían sido diseñadas no solo para camuflar el origen y el destino final de los flujos económicos, sino también para dotar de una apariencia de legalidad a las gestiones destinadas a inclinar la balanza administrativa a favor de la compañía aérea.

Indicios de información privilegiada

La investigación judicial resalta que las presiones e influencias ejercidas no buscaban un beneficio difuso, sino la consecución de un acto administrativo plenamente concreto: la aprobación y el posterior desembolso del rescate público a Plus Ultra. El magistrado enfatiza de manera particular la existencia de una secuencia temporal de reuniones, llamadas y comunicaciones que coinciden de forma sospechosa con los hitos del expediente de la ayuda estatal.

A criterio de la Audiencia Nacional, los indicios apuntan a que los implicados contaron con acceso anticipado a información privilegiada sobre el estado de la tramitación y la inminente concesión de los fondos. Este conocimiento estratégico habría permitido a la red coordinar sus movimientos con precisión para asegurar el éxito de la operación ante el órgano competente, un escenario que ahora centra el foco de la imputación penal contra el expresidente.