El Salvador tiene derecho a escribir su propia historia de seguridad

San Salvador, 31 de marzo de 2026. – El llamado de la portavoz de la ONU Marta Hurtado a revisar los cambios legales que permiten la cadena perpetua para menores desde los 12 años ha generado un debate que va más allá de las normas internacionales: toca la fibra más sensible de un país que conocía la violencia como destino cotidiano. Es imprescindible entender el contexto histórico que ha llevado a El Salvador a tomar decisiones que, para muchos extranjeros, parecen drásticas, pero para los salvadoreños son una garantía de supervivencia.

La respuesta del presidente Nayib Bukele no es más que el eco de una memoria colectiva marcada por el dolor. El 27 de abril de 1994, tras salir de una guerra civil que dejó 85,000 muertos, el país adoptó la Ley del Menor Infractor siguiendo recomendaciones internacionales similares a las actuales. Tres años después, la deportación de pandilleros desde Estados Unidos encontró un terreno fértil en una normativa que ofrecía casi impunidad a menores infractores. Lo que siguió es una pesadilla que la mayoría de salvadoreños no quiere revivir: reclutamiento masivo de jóvenes, crímenes atroces, un 80% del territorio bajo control pandillero, un cuarto de millón de muertos, 2 millones de desplazados y el triste título de «capital mundial de los homicidios».

Hoy, la realidad es diametralmente distinta. Los salvadoreños ya no viven pendientes del «muertómetro» diario en los medios de comunicación. Las fiestas patronales son de alegría y no de violencia. Las familias disfrutan de las vacaciones de Semana Santa, Navidad y fin de año sin miedo a salir a la calle y morir y sin pagar extorsiones. Los estudiantes, principalmente los del sistema público, pueden asistir a clases sin temor a pandillas estudiantiles que se enfrentaban hasta la muerte, como en el caso de Jonathan Alexander Durán Paniagua del INFRAMEN, condenado por asesinar en el año 2010 a un alumno del INTI por su camisa institucional y obteneral como trofeo; en el año 2017 salió libre para volver a delinquir con la pandilla Mao Mao.

El país vive un momento de transformación sin precedentes: seguridad que abre camino a empleo, emprendimientos locales, desarrollo económico y una reducción de la migración forzada. El sistema educativo público mejora sus condiciones, y las oportunidades crecen día a día. La población respalda firmemente las medidas del presidente Bukele porque conoce de primera mano el precio del fracaso de políticas pasadas que, "bien" intencionadas desde fuera, terminaron alimentando la violencia que azotó al país durante décadas.

No se trata de descartar las normas internacionales, sino de reconocer que cada nación tiene el derecho de adaptar las soluciones a su realidad. La ONU puede mantener sus debates desde sus oficinas, pero los salvadoreños son quienes llevan la cicatriz de la violencia y ahora disfrutan de la paz. Es hora de dejar que El Salvador decida su propio futuro, sin imponer recetas que ya demostraron su fracaso en este suelo. El país no busca volver al pasado; busca construir un mañana donde la seguridad sea el pilar de un desarrollo justo y sostenible para todos.