Las ONG y su lucha contra el bienestar de los salvadoreños

Herbert Esmahan

Analista político

En el debate internacional, pocos conceptos han sido tan invocados —y a la vez tan distorsionados— como el de los derechos humanos. En el caso de El Salvador, esta distorsión ha alcanzado un punto particularmente evidente: organizaciones internacionales han comenzado a utilizar el discurso de los “derechos humanos” como un arma política contra el bienestar de millones de salvadoreños.

Lo que debería ser un principio universal orientado a la protección de las personas ha sido transformado en una herramienta de presión que las ONG internacionales están utilizando contra la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de una nación que, durante décadas, estuvo sometida a la violencia estructural.

Cada vez que estas organizaciones se pronuncian en defensa de los supuestos “derechos humanos” de los terroristas, están, de facto, abogando en contra de la paz y la seguridad de las personas inocentes. No se trata de una postura neutral ni técnica; es una toma de posición clara que ignora deliberadamente a quienes, durante años, fueron víctimas de un sistema de terror impuesto por estructuras criminales que violaban los derechos de la ciudadanía a diario.

Durante décadas, las pandillas ejercieron un control absoluto sobre comunidades enteras, imponiendo extorsión, reclutamiento forzado, asesinatos y desplazamiento interno. Sin embargo, el foco de estas organizaciones no está en las víctimas de ese sistema, sino en quienes lo perpetraron. Esta reconfiguración del discurso no es accidental; responde a una falsa narrativa cuidadosamente construida.

Uno de los pilares de esta narrativa es la idea de que los pandilleros han sido capturados de forma arbitraria y, por ende, deberían ser liberados o beneficiados con medidas más laxas. Se busca posicionar la percepción de un Estado que actúa sin fundamento, ignorando deliberadamente el contexto y la naturaleza del problema.

Pero la realidad es que el Estado salvadoreño ha actuado dentro de su marco legal y constitucional, llevando a cabo investigaciones exhaustivas de cada individuo y estableciendo procesos orientados a hacer cumplir la justicia. El combate a estructuras criminales organizadas —con jerarquías, redes y control territorial— no puede entenderse bajo los mismos parámetros que el tratamiento de delitos aislados. Simplificar este esfuerzo como “arbitrariedad” no es un análisis riguroso, sino una distorsión intencional.

Más allá del discurso, lo que queda en evidencia es una desconexión profunda entre estas organizaciones y la realidad que enfrentan países como El Salvador. En lugar de priorizar la restauración del orden, muchas de estas entidades parecen enfocadas en sostener estructuras burocráticas que, lejos de resolver los problemas, han contribuido históricamente a perpetuarlos.

Su rechazo sistemático a modelos que generan resultados concretos no es casual. La consolidación del modelo de seguridad salvadoreño como un ejemplo de paz, seguridad y renacer nacional representa un desafío directo a paradigmas que, durante años, dominaron el enfoque internacional sin lograr cambios significativos.

La razón de esta resistencia es clara: cuando una nación logra restaurar el orden, estas organizaciones pierden relevancia. Pierden su razón de ser. No pueden seguir operando bajo esquemas que dependen, en gran medida, de la persistencia de crisis. En ese sentido, el éxito de El Salvador no solo transforma su realidad interna, sino que también altera equilibrios dentro del ecosistema internacional.

No debe ignorarse que muchas de estas organizaciones están influenciadas por fuentes de financiamiento globalistas e ideologías específicas, lo que inevitablemente impacta las narrativas que promueven. Esto deja en evidencia una coordinación explícita, fiel a intereses oscuros.

Las implicaciones de este fenómeno trascienden las fronteras salvadoreñas. Una América Latina que adopte un modelo de seguridad efectivo como el de El Salvador implicaría una reducción drástica de la violencia, el narcotráfico y la trata de personas en toda la región.

Sin embargo, este escenario reconfigura dinámicas profundamente arraigadas. Por lo tanto, persisten intereses que, de forma directa o indirecta, se benefician de la inestabilidad y la crisis social; por ello, no resulta sorprendente que busquen oponerse a cualquier modelo orientado a transformar de manera efectiva dichas condiciones.

En el pasado, la falta de seguridad y oportunidades en El Salvador impulsó altos niveles de migración hacia Estados Unidos. En muchos casos, estos flujos migratorios fueron utilizados como cortina de humo para facilitar actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado regional. La recuperación del orden interno no solo transforma la vida dentro del país, sino que también impacta dinámicas regionales más amplias.

En este contexto, las medidas implementadas en El Salvador —que eran y continúan siendo altamente necesarias— han permitido la restauración de los derechos humanos del 100% de la población.

Hoy, los jóvenes tienen acceso a oportunidades educativas que antes eran impensables. Los ciudadanos pueden emprender, trabajar y desplazarse libremente. Las familias pueden vivir en paz. Estos son, en esencia, los derechos fundamentales que durante gobiernos anteriores estuvieron ausentes en nuestra sociedad y, aun así, aquellas organizaciones que hoy exigen liberar a más de 89,000 pandilleros nunca se pronunciaron a favor de sus víctimas.

No cabe duda de que, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, los salvadoreños han recuperado, por primera vez en décadas, algo tan fundamental como la posibilidad de vivir en paz.