La reforma constitucional es la respuesta a la demanda de seguridad de la nación

En un momento en que El Salvador avanza firme en su estrategia por la paz y la seguridad ciudadana, la propuesta de enmienda constitucional para habilitar la pena de cadena perpetua para asesinos, terroristas y violadores emerge como una medida necesaria e ineludible. No se trata de una decisión tomada a la ligera, sino de una respuesta contundente a la clamorosa demanda de justicia de miles de salvadoreños que han sufrido las consecuencias de estos crímenes atroces.

La reforma, ya aprobada por 59 diputados en la Asamblea Legislativa, representa un paso fundamental para fortalecer nuestro sistema de justicia. Sin embargo, su implementación efectiva dependerá de que se homologuen las leyes secundarias correspondientes: el Código Penal, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil. Esta armonización es crucial para evitar vacíos legales que los criminales puedan aprovechar para eludir la justicia que se merecen.

Es importante dejar en claro quiénes se oponen a estos cambios: únicamente aquellos que están a favor de los delincuentes. En la Asamblea Legislativa, la única voz contraria es la que grita ¡liberenlos ya!, desconociendo el dolor de las víctimas y los derechos de la sociedad a vivir en paz. La mayoría de la población respalda medidas firmes que protejan a los inocentes y castiguen con severidad a quienes atentan contra la vida, la integridad y la seguridad de los demás.

La cadena perpetua no es un castigo cruel, sino una medida preventiva y justa. En el pasado, hemos visto cómo personas condenadas por crímenes graves recuperaban su libertad y volvían a delinquir, causando nuevos daños a la comunidad. Con esta reforma, enviamos un mensaje claro: quienes cometan estos delitos no tendrán la oportunidad de volver a poner en riesgo a nuestros ciudadanos.

El Estado tiene la obligación de proteger a su pueblo, y esta enmienda constitucional, acompañada de la adecuación de las leyes secundarias, es una herramienta esencial para cumplir con ese compromiso. Es hora de apoyar este proceso y demostrar que en El Salvador, la justicia prevalecerá sobre la impunidad.